Lograr equilibrio en las relaciones entre empresas y trabajadores es uno de los objetivos que, tradicionalmente, se le asignan a las regulaciones laborales. Pero esa definición entra en terreno ambiguo cuando el entorno económico y social de una y otra parte del vínculo no es tan diferente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una microempresa nacida de una necesidad de subsistencia y no de aportes significativos de capital? La cuestión es tan sólo una de las puertas de entrada al análisis del complejo problema de la informalidad laboral, que abarca la falta o la insuficiencia del registro de empleados por parte de empresas -formales o informales-, y la actividad de gran parte de los cuentapropistas, muchas veces desarrollada en forma precaria.
Esa informalidad es, en buena medida, la manera en que la desigualdad social se refleja en el mundo laboral. “Hay empresarios por necesidad y no por opción; ese es un rasgo de muchos propietarios de empresas informales y de cuentapropistas en países en desarrollo”, advierte respecto de una de las caras de esta realidad un documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado La economía informal y el trabajo decente.
Es una transición que, según los analistas consultados por la nacion, exige una mirada muy amplia. “Se debe considerar un marco integrado de medidas; hay que contemplar la promoción de políticas productivas y de empresas sostenibles; un acceso más amplio y efectivo al aprendizaje; el desarrollo de las competencias laborales y de la protección social, y la modernización de la administración del trabajo y la inspección”, apunta Fabio Bertranou, director de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América latina.
Cuenta propia y microempresa
En el caso de pequeñas unidades de producción cuya actividad y empleo están en negro (o en gris, cuando se registra sólo una parte de las operaciones), las recomendaciones hacen mucho hincapié en políticas económicas o generales antes que en las del trabajo.
“En general, América latina -que mostró mejoras en sus índices de informalidad en la década pasada- avanzó poco en aumentar la productividad de los pequeños establecimientos; hay que ir primero por políticas productivas y después por políticas laborales”, dice Roxana Maurizio, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y del Conicet. Y agrega: “No es que la empresa no pueda a veces soportar costos laborales, sino que eso es parte de una evasión impositiva amplia”. Para la gran empresa, afirma, debe haber sanciones; para la microempresa, deben diseñarse medidas.
Para Agustín Salvia, coordinador de la encuesta de la deuda social en la UCA, algunas de esas medidas deberían prever subsidios, por ejemplo con el otorgamiento de créditos blandos. “Las microfinanzas deberían darse desde la banca pública y ganar escala; hoy hay muchas ONG trabajando en eso, pero no hay escala”, dice. Acceder al crédito, agrega Salvia, ayudaría a revertir la baja productividad que afecta a muchos pequeños establecimientos que trabajan con herramientas obsoletas.
Los microcréditos (pequeños préstamos que suelen otorgarse con la garantía de la solidaridad recíproca entre personas pobres) están entre las recomendaciones de la OIT. El organismo elogia el sistema, aunque advierte que, si bien aporta estabilidad a los ingresos, no se pudo comprobar mucho con respecto a si contribuye a la formalización.
En la Argentina, algunas ONG impulsaron la inscripción de quienes reciben microcréditos al monotributo social, un esquema subsidiado en el que hay 359.500 personas. Pero una limitación de esas políticas, advierte Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la central obrera CTA, es que en sectores vulnerables ése es un ítem que se deja de pagar en primer lugar cuando hay que cortar gastos.
Más allá de las particularidades del que tiene carácter social, el monotributo general -dada la desactualización de los valores de su esquema frente a la inflación- resulta hoy un régimen que, por un lado, genera incentivos a la actividad “en gris”, ya que pasar al régimen impositivo general resulta un salto oneroso. Y, por otro lado, implica un esquema subsidiado en el régimen jubilatorio, ya que el aporte se mantiene desde hace años, y sin importar cuánto se facture, en $ 157 (poco más de una décima parte de lo que paga un autónomo para acceder luego al mismo ingreso previsional).
Al margen de esas cuestiones por corregir, Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y experto laboralista, señala que “los regímenes específicos de tributación, general y laboral, para el autoemprendimiento y la microempresa son elementos esenciales” para abordar la informalidad.
La ley 26.940, de 2014, redujo en un 50% las contribuciones patronales para las microempresas con hasta cinco empleados, y previó también descuentos en las cargas para nuevos puestos en las pymes de hasta 80 trabajadores, siempre que no se reduzca la dotación.
Claro que en los dos últimos años fue escasa la creación de empleo privado. El crecimiento económico se considera una condición básica para la transición a la formalidad. “La contratación es una cuestión de largo plazo; por eso se requiere previsibilidad, ver si se va a crecer de manera estable”, afirma Maurizio.
Entre las normas vigentes, Manuel Mera, director nacional de Políticas Laborales del Ministerio de Trabajo, alude a la nueva ley pyme, que ayudaría al aliviar cargas burocráticas y tributarias.
Otras estrategias que destaca la OIT son la promoción de las economías locales y de los planes de formación, y el acercamiento formal de los cuentapropistas a los sindicatos, algo sobre lo que se mencionan experiencias alentadoras en España y en los Países Bajos.
Con salario, sin aportes
Más allá de esa recomendación, hay puntos de contacto ya existentes entre lo formal y lo informal. Campos, de la CTA, considera que hay que buscar por ese lado caminos que ayuden a regularizar. Concretamente, se refiere al caso de las cadenas de subcontratación en los esquemas de producción, donde el riesgo de informalidad crece a mayor cantidad de eslabones. Se trata, dice, de determinar responsabilidades a un nivel amplio (no sólo responsabilidades indemnizatorias) de la compañía que subcontrata.
Los asalariados urbanos en negro son, según una estimación basada en los datos de la EPH del Indec, unos cuatro millones. Hacia 2011 se estancó un proceso de caída del índice que hoy refleja que un tercio de los dependientes no tiene aportes. La mejora se había iniciado en 2004, de la mano del crecimiento económico y de estrategias de inspección. En parte, el alivio del índice también reflejó una corrección estadística: el récord de 2003 tuvo entre sus razones que se consideraba como ocupados informales a quienes cobraban planes sociales, algo que luego fue perdiendo incidencia en la encuesta.
Para dar respuesta al problema del trabajo informal dentro de las empresas, “se requieren respuestas que vayan más allá de las relaciones laborales”, dice Campos. Agrega que como parte de la estrategia se debería trabajar sobre la capacidad de acción de los ministerios de Trabajo (el nacional y los provinciales) y fortalecer la posibilidad de intervención de los delegados gremiales.
Desde el sector empresarial, Funes de Rioja afirma que debería priorizarse el camino de facilitar la formalización antes que el de aplicar sanciones. Para eso, explica, hay que aliviar la carga burocrática y bajar los costos tributarios y laborales. En situaciones donde “la informalidad, la marginalidad social y la pobreza son parte de un mismo problema”, considera, las sanciones pueden llevar a la eliminación no deseada de puestos. Junto con una simplificación registral, según su propuesta, habría que disponer un plazo para la normalización, un bloqueo de reclamos por el pasado “y un sistema transparente de controles y sanciones posteriores”.
En las líneas de acción sugeridas por la OIT se mencionan experiencias, como la de Chile, de diferenciación de las multas según el tamaño de la empresa. También se cita el plan de regularización lanzado en la Argentina en 2004, que previó un descuento en las multas si, tras detectarse la irregularidad, el blanqueo se hacía en un cierto plazo.
Entre los sectores, la construcción, con 69%, y transporte y almacenaje, con 46%, muestran las mayores tasas de informalidad, comenta Magalí Brosio, coordinadora del área de Desarrollo Económico del Cippec. Esos índices, como el que señala que en la microempresa el problema afecta al 70% de los trabajadores, surgen de analizar datos de la EPH del segundo trimestre de 2015.
Jóvenes y servicio doméstico
Desde el Ministerio de Trabajo, Mera señala que el proyecto oficial de ley de primer empleo, que por ahora no avanzó en el Congreso, es una estrategia para apuntar a uno de los grupos con mayor informalidad: los jóvenes. Según la encuesta de la UCA, entre los asalariados de 18 a 34 años, el 38% no tiene aportes, en tanto que esa tasa es de 23% entre quienes tienen entre 35 y 59 años.
Otro grupo con elevada informalidad es el de quienes trabajan en el servicio doméstico. Una serie de medidas provocaron en los últimos años la regularización de parte de las trabajadoras. Esas medidas incluyeron la posibilidad de deducir de Ganancias (para quienes dan empleo) el pago de sueldos y contribuciones; una campaña de difusión; una simplificación de trámites, y la garantía de mantener la asignación por hijo para las trabajadoras.
Pero esa regularización dista mucho de ser completa. La AFIP registra pagos mensuales por algo más de 450.000 personas, cuando se estima que son 1,35 millones las que trabajan. “Estamos desarrollando una app para simplificar más la registración”, anuncia Mera. Un caso que se miró como referencia es el de Uruguay, que logró una formalidad bastante más elevada que la local.
Los trabajadores migrantes y los rurales conforman otros grupos de trabajadores que, según se advierte, requieren acciones específicas.
Por lo general, se considera que elaborar políticas económicas y productivas que incluyan, más que políticas sociales que no procuren escapar de esquemas marginales, es el camino adecuado a seguir.
En lo coyuntural, el blanqueo de capitales vigente podría empujar a un mayor grado de formalización a futuro, por el reconocimiento implícito de mayores ingresos que supondrá, en algunos casos, el hecho de declarar un ahorro acumulado.
En la formalización, señala el informe de la OIT, “los beneficios para los trabajadores son claros: hay mayor certeza y estabilidad financiera, mejor capacitación, menos accidentes y mejores condiciones de salud y educación”. ¿Y para los empleadores? Muchos consideran que la formalización se autofinancia, porque se logra un trabajo de mayor calidad que, en un punto, puede lograr que se deje de lado el concepto de una competencia “basada en salarios y costos laborales” para ir a una “competencia por productividad”.
Claro que esa productividad tiene que estar ganada por una multiplicidad de factores, que incluyen al Estado haciendo obras y a un sistema educativo que procure la formación para los empleos del futuro.
Fuente: lanacion.com.ar
