La sanción de la última reforma del sistema de riesgos del trabajo, hace exactamente un año, permitió contener en forma significativa en los últimos meses el incesante crecimiento de la litigiosidad contra el régimen de ART. Esa situación reorientó entonces la preocupación de los principales actores del sistema a la búsqueda de una solución efectiva para el stock de más de 340.000 demandas acumuladas contra las ART previo a la sanción de la reforma, un pasivo que podría trepar hasta u$s 10.600 millones si no se instrumenta en el corto plazo la conformación de los denominados cuerpos médicos periciales establecidos en la última reforma, según advirtió la Unión de Aseguradoras del sistema (UART).
La entidad destacó que si bien “se avanzó en casi todos los frentes” fijados por la ley sancionada en marzo pasado, para el éxito de la reforma es “imprescindible la inmediata conformación de los cuerpos médicos periciales”. Se trata de órganos especializado que, en el ámbito judicial, se ocupen de la realización de las pericias médicas o revisen los porcentajes de incapacidad determinados, según se estableció el artículo 2 de la ley 27.348. “La constitución de los mismos y la adecuada utilización del Baremo, son condiciones críticas para tornar cierto el costo y la administración del stock de 340 mil juicios, como así también para brindar certidumbre en aquellos casos post reforma que, habiendo transitado el paso por las comisiones médicas decidan apelar a la Justicia”, consideró la UART en un comunicado. Y advirtió que, sin esa medida, se continuará “con la histórica discrecionalidad de la que gozan los peritos en la valuación de las incapacidades”.
Al respecto, la entidad alertó sobre el costo de los desvíos periciales en la Justicia. Según un estudio realizado por las aseguradoras sobre 83.500 juicios por ART con Pericia Médica Oficial (PMO), se desprende que en los dictámenes periciales se produce un desvío en la aplicación del Baremo de 17,5 puntos en la valuación de las incapacidades resultantes de un accidente o enfermedad laboral. Cada punto de discapacidad representa en la actualidad $ 22.750. Si a esa dispersión, se le suma un 35% por intermediación judicial, “la eventual transformación de esos casos en sentencia, implicaría multiplicar por 7 los costos previstos en la Ley para estos pasivos”, remarcaron las ART. Considerando que hoy disponen de pericia el 33% de los juicios en stock, si se aplican esos parámetros de estimación a los 340.000 juicios abiertos contra el sistema, su valuación alcanzaría a u$s 10.600 millones.
En cambio, las aseguradoras estiman que si el stock de juicios se valuara mediante la utilización del Baremos de ley, el pasiva por la litigiosidad acumulada ascendería a alrededor de u$s 1600 millones.
Fuente: cronista.com
