Se necesitaron 20 horas para confinar el incendio, pero el trabajo aún no termina. Hasta el cierre de esta edición, los hombres de rojo no aplacaban totalmente el fuego, que revivió en algunas partes de la galería Nicolini al escucharse detonaciones en el interior.
Esto demuestra la cantidad excesiva de material altamente inflamable que habían almacenado los propietarios del depósito siniestrado, pese a no contar con las medidas de seguridad y de prevención de incendios.
Es un crimen
Al mediodía , el presidente Pedro Pablo Kuczynski se apersonó a la zona de Las Malvinas, junto con su esposa Nancy Lange, para agradecer a los bomberos por su loable trabajo.
En el lugar, el Mandatario pidió una exhaustiva investigación de los hechos y que se apliquen las sanciones que correspondan a los que vulneraron las normas establecidas y las medidas de seguridad para el funcionamiento de almacenes.
“Miren la cantidad de humo que viene de solventes, pinturas y cosas que no debieron estar allí. (…) Hay depósitos realmente ilegales. Los bomberos están haciendo un tremendo trabajo que ya dura casi 24 horas”, indicó.
Sobre la situación de los jóvenes desaparecidos, los que no pudieron huir del fuego, el Jefe del Estado calificó de “criminal” haberlos encerrado en un contenedor que funcionaba aparentemente como taller clandestino en dicha galería y reiteró su pedido para que se realice una investigación rigurosa de este caso.
“Lo que necesitamos aquí es mucha más acción judicial porque ellos (los comerciantes) no tenían derecho de estar aquí y, sin embargo, han seguido ahí y han tomado a trabajadores y los han encerrado, lo que es criminal”, sentenció el Dignatario. Kuczynski informó que su esposa coordina ayuda a escala nacional e internacional para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú.
Investigación
Conocidas todas las irregularidades que se han visibilizado con el incendio, el Ministerio Público tomó cartas en el asunto.
La fiscal María Hinostroza Centa, titular de la Sétima Fiscalía Provincial Penal de Lima dispuso, por urgente necesidad, que la División de Seguridad del Estado de la PNP realice las primeras pesquisas correspondientes para establecer las causas e identificar a los responsables del siniestro.
Tomarán las manifestaciones de Juan Manuel Polar de Rivera y José Enrique López Ramírez, apoderado y gerente de Inversiones JPEG SAC, respectivamente; y del gerente de Fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Cristian Rosenthal.
Asimismo, se dispuso identificar al propietario del local donde ocurrió el incendio, al administrador del centro comercial Nicolini y a otros administradores del mencionado edificio.
También, la Fiscalía ha dispuesto la identificación de todas las presuntas víctimas, incluyendo a los que figuran como desaparecidos.
Denuncia
Por su parte, la Municipalidad de Lima denunció penalmente a López Ramírez, gerente general de JPEG SAC, empresa propietaria de los almacenes siniestrados, por los delitos contra la administración pública, desobediencia a la autoridad y exposición al peligro de personas dependientes.
Así lo confirmó el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, quien sostuvo que dicha empresa seguía operando en la galería Nicolini, pese a que las autoridades de Fiscalización la habían clausurado hace 10 días.
“Tenemos el acta misma de clausura, el documento acredita que han debido retirarse, pero hicieron un ingreso clandestino. El concurso de delitos es bastante grande, y las sanciones las determinará el Poder Judicial”, manifestó.
“Estos locales se clausuran y, luego, los abren utilizando ciertos artilugios legales, pidiendo acciones de amparo”, explicó.
“Hay abuso laboral”
El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, informó que los tres trabajadores reportados como desaparecidos no están registrados en la planilla de las empresas formales que operan en la galería Nicolini.
Dijo que, mediante la Superintendencia de Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), dicho portafolio investiga si las 43 empresas que aparecen como formales en esa galería estaban empleando personal informal o si ahí funcionaban empresas informales no registradas. Señaló que de encontrarse responsabilidades en el origen de este incendio, así como la violación de los derechos laborales, se impondrán fuertes sanciones administrativas que conllevan a multas de hasta 800,000 soles por empresa. “Eso es inaceptable. Eso no solo tiene que ver con la problemática de un trabajo informal. Aquí lo que había es una forma precaria y abusiva de trabajo, es algo que agrava la situación de los empleadores y que acarreará sanciones no solo monetarias, sino también sanciones penales”, aseveró.
Cifra
35 años de cárcel es la sanción para responsables del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Fuente: elperuano.com.pe
