Análisis preliminar del anteproyecto del nuevo Código Civil y Comercial en lo referente a la valuación del daño por lesiones y muerte, con especial referencia a los infortunios laborales

Horacio Schick


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Evaluación del daño por lesiones en el anteproyecto del nuevo codigo civil

Análisis preliminar del anteproyecto del nuevo Código Civil y Comercial en lo referente a la valuación del daño por lesiones y muerte, con especial referencia a los infortunios laborales

Horacio Schick


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I. INTRODUCCIÓN

En relación al anteproyecto de reforma al Código Civil y, exclusivamente, en lo referente a la valuación del daño resarcible por las consecuencias de los actos antijurídicos, parece necesario efectuar algunas reflexiones preliminares en torno a ciertas disposiciones que contiene la propuesta de la comisión redactora, integrada por notables juristas.

En especial, el abordaje de la temática se remitirá a la incidencia de la reforma en el régimen de reparación de infortunios laborales, fundado en los presupuestos del derecho civil.

Queda formulada la reserva en punto a que estas primeras observaciones no agotan estudios posteriores, pero sí pretenden aportar una opinión, a los fines de colaborar en el debate indispensable respecto de esta relevante iniciativa, que según palabras de la más alta magistratura de la nación, se convertirá dentro de los treinta días en proyecto legislativo del Poder Ejecutivo nacional de reforma definitiva de unificación de las obligaciones civiles y comerciales en un nuevo Código.

En esta inteligencia como primera medida para ilustrar al lector se transcriben los artículos pertinentes que se refieren a la cuantificación del resarcimiento de daños.

 

ARTÍCULO 1713.- Sanción pecuniaria disuasiva. El juez tiene atribuciones para aplicar, a petición de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva mencionados en el artículo 14, inciso c). Pueden peticionarla los legitimados para defender dichos derechos. Su monto se fija prudencialmente, tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador, y la posible existencia de otras sanciones penales o administrativas. La sanción tiene el destino que le asigne el juez por resolución fundada. Si la aplicación de condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarlas a los fines de lo previsto en este artículo. En tal supuesto de excepción, el juez puede dejar sin efecto, total o parcialmente, la medida.

ARTÍCULO 1733.- Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.

ARTÍCULO 1734.- Indemnización. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.

ARTÍCULO 1735.- Requisitos. Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador.

ARTÍCULO 1736.- Reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que fuere parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable.

ARTÍCULO 1737.- Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible. La acción sólo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.

ARTÍCULO 1738.- Atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable.

ARTÍCULO 1741.- Indemnización por fallecimiento. En caso de muerte, la indemnización debe consistir en:

a) los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repetirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razón de una obligación legal;

b) lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de VEINTIÚN (21) años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente; esta indemnización procede aun cuando otra persona deba

prestar alimentos al damnificado indirecto; el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes;

c) la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos; este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido.

ARTÍCULO 1742.- Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado.

ARTÍCULO 1743.- Acumulabilidad del daño moratorio. El resarcimiento del daño moratorio es acumulable al del daño compensatorio o al valor de la prestación y, en su caso, a la cláusula penal compensatoria, sin perjuicio de la facultad morigeradora del juez cuando esa acumulación resulte abusiva.

ARTÍCULO 1744.- Curso de los intereses. El curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio.

 

II. PRINCIPIO GENERAL: LA REPARACIÓN PLENA

De la lectura de los artículos 1734 y 1736, precedentemente transcriptos, se trasluce un criterio amplio de reparación, el que determinaría que la víctima debería ser resarcida con un alcance que cubriese todo el daño infligido. Se supone que la intención de los redactores es recomponer económicamente al damnificado, dejándolo indemne por las pérdidas patrimoniales y extrapatrimoniales sufridas, a raíz del hecho antijurídico que lo ha afectado.

En otras palabras, la aplicación de estas pautas debería determinar la regulación de una indemnización coherente con estos conceptos.

Es más, obsérvese que el artículo 1734 enumera en forma exhaustiva los perjuicios a reparar de los damnificados de lesiones: la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante, la pérdida de chances, las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos, de la salud, de la integridad personal, la salud psicofísica, las afecciones espirituales legítimas y las que interfieran en el proyecto de vida del dañado.

En el artículo 1735 proyectado, se establece que para la procedencia de la “indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador”.

De la redacción del artículo 1735 concatenada con la del 1742 del proyecto, pareciera afirmarse el criterio de tomar solamente en consideración el aspecto productivo de la persona al efecto de indemnizar las consecuencias de los daños sufridos, lo que podría derivar en reparaciones inicuas o ínfimas en aquellos, causados, por ejemplo, a los menores de edad, a los ancianos, a las amas de casa, a los discapacitados, a los míseros, a los jubilados, a los religiosos, a los intelectuales puros y a aquellos que, como éstos, no se dedican a actividades productivas de bienes económicos.

También, siendo una contingencia estructural en nuestro país el desempleo y el empleo informal o no registrado -que asciende en este último caso a cerca del 35% de la población económica activa bajo relación de dependencia-, en la valuación de las indemnizaciones por lucro cesante y pérdida de chance en casos de infortunios laborales fundados en el derecho común, configuraría indemnizaciones que no serían plenas, acercándose a los límites mínimos del régimen tarifado especial, lo que constituiría una desvirtuación de las pautas de reparación plena reafirmadas en el propio artículo 1736 proyectado.

 El derecho personalísimo a la integridad física, psíquica y moral con tutela de rango constitucional determina que son también indemnizables las lesiones en sí mismas, aunque no trasunten incapacidad, en tanto importen una limitación a la plenitud afectada, aunque la persona carezca de actividad productiva.

La reparación integral de las consecuencias de los daños causados a la persona humana significa, valorar no sólo su aspecto económico-productivo, como un ente creador de riqueza material, sino en lo que ella representa en cuanto ser libre, único, singular, irrepetible, pleno de dignidad.

Las limitaciones expuestas en el artículo 1735 no parecen seguir estas pautas, menos aún el artículo 1742.

Respecto a las indemnizaciones por lesiones, cabe señalar que, en un aspecto, la redacción del artículo 1742 supera al artículo 1086 del Código Civil vigente, redactado por Vélez Sarsfield, cuya redacción superflua sólo repite los principios generales de la materia contenidos en el artículo 1069 del Código Civil.

En otras palabras el art. 1086 en vigor sólo se refiere al daño emergente constituido por los gastos médicos y el lucro cesante por la falta de actividad del dañado mientras durare la rehabilitación. Esta norma ni siquiera menciona el daño extramatrimonial o moral. Sin perjuicio de esta redacción limitativa la jurisprudencia -por aplicación de los principios generales- ha contemplado pacíficamente la reparación de los daños patrimoniales y extramatrimoniales, es decir, del daño moral, estético, psicológico y del daño a la vida de relación, etcétera[1].

Sin embargo este avance del artículo 1742 respecto del 1086 del Código Civil vigente, se ve desdibujado por la opción del anteproyecto en la utilización de fórmulas matemáticas para cuantificar las consecuencias dañosas de estos hechos antijurídicos.

 

III. LA FÓRMULAS MATEMÁTICAS PARA RESARCIR LA INCAPACIDAD POR LESIONES

3.1. ¿‘Vuoto’ o menos que ‘Vuoto’?

El concepto de resarcimiento amplio del daño, expresado en el artículo 1736 y que guarda coherencia con los avances de la moderna doctrina civilista, se desvirtúa por la utilización de una fórmula matemática para cuantificar el daño por lesiones o la incapacidad permanente que se expresa en el artículo 1742 del anteproyecto, proponiendo que la indemnización consecuente debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades.

Este cálculo aritmético, conocido como fórmula “Vuoto”, inicialmente aplicado por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en los autos caratulados “Vuoto, Dalmero Santiago c/AEG Telefunken Argentina SAIC s/Accidente de Trabajo - Acción Civil”, fallo del 16/06/78, configuró un criterio seriamente cuestionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el célebre fallo “Arostegui”[2].

 Precisamente, a fin de ajustarse lo más posible a los conceptos de reparación integral definidos en anteriores pronunciamientos, la Corte federal, reiteró en la causa “Arostegui”, la doctrina conforme la cual, para evaluar el resarcimiento pleno del daño, padecido por un trabajador -víctima de un accidente del trabajo- y fundado en el derecho civil, no se deben aplicar fórmulas matemáticas ni son válidos, por ejemplo, los criterios comparativos con las indemniza­ciones tarifadas de la Ley sobre Riesgos del Trabajo7.

En el fallo “Arostegui”, el Supremo Tribunal nacional impugnó la utilización de la fórmula matemática “Vuoto”, empleada por algunas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, conforme la cual, el monto del capital de la indemnización por daños (exceptuando el daño moral) era equivalente a una suma de dinero, que surgía de la operación matemática de los siguientes factores: edad, porcentaje de incapacidad, remuneración que por todo concepto hubiere percibido el damnificado durante el año anterior al hecho y que devengando un interés puro, se amortice en el período que abarca desde el siniestro hasta la obtención de la jubilación ordinaria.

La Corte criticó este criterio aritmético indicando que se trata de una “tarifa distinta en apariencia de la prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo, pero análoga en su esencia pues, al modo de lo que ocurre con ésta, sólo atiende a la persona humana en su faz exclusivamente laboral, vale decir, de prestadora de servicios, ya que lo hace mediante la evaluación del perjuicio material sufrido en términos de disminución de la llamada ‘total obrera’ y de su repercusión en el salario que ganaba al momento de los hechos, proyectado hacia el resto de la vida laboral de aquélla. Tal criterio de evaluación, por lo reduccionista, resulta opuesto frontalmente al régimen jurídico que pretende aplicar, dada la comprensión plena del ser humano que informa a éste. Al respecto, la doctrina constitucional de esta Corte tiene dicho y reiterado que ‘el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales’ ya que no se trata ‘de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres”[3].

Así pues, la Corte Suprema criticó este método reduc­cionista dado que el régimen del derecho civil busca reparar el valor integral de la vida humana, el cual no puede ser apreciado con criterios exclusivamente matemáticos, agregando que, en el cálculo de las indemnizaciones civiles, deben contemplarse los perjuicios en la vida de relación social, deportiva, artística y todos los rubros que existan al margen del menoscabo de la actividad productiva.

Finalmente, precisó el Supremo Tribunal nacional en el caso “Arostegui” que en el contexto indemnizatorio del Código Civil -y referido a un infortunio laboral-, debe tenerse en cuenta que “La incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etcétera, y que por el otro, debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable… En el ámbito del trabajo, incluso corresponde indemnizar la pérdida de “chance”, cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera” (considerando 5°, voto de la mayoría)[4].

Ver Informe completo en: http://www.estudioschick.com.ar/publicaciones.php

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