El trabajo de las pymes comienza a asentarse sobre un terreno firme que nos permite tener previsibilidad y plantear una planificación a futuro que posibilite nuestro crecimiento.
La modificación al régimen de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) es un paso más en el allanamiento de ese camino marcado el año pasado por la Ley Pyme.
Contar con medidas firmes, en pos de la organización y recomposición del empresario nacional, le permitirá a la Argentina impulsar su crecimiento y motorizar la recuperación de todo el país.
Las pymes somos las mayores empleadoras del país, sin embargo, no contamos con las posibilidades de una gran compañía a la hora de protegernos de negocios que intentan drenar el capital y las fuerzas, tanto de las empresas como de los trabajadores.
La presión de las ART ha provocado que muchos colegas y asociados se vean en la disyuntiva de limitar su producción o modificar su forma de contratación, para no sufrir artilugios legales que pueden terminar con el esfuerzo de toda una vida de trabajo.
Mientras tanto, el rédito de una exponencial cifra de juicios se lo llevaban los abogados y peritos frente a la pérdida de la competitividad, el desaliento a la creación de nuevos puestos de trabajo y el temor a tener que bajar las persianas por el colapso de la empresa.
La industria de los juicios laborales ha amenazado durante largo tiempo nuestra capacidad productiva y por ende nuestro crecimiento. Las cifras son contundentes, año tras año se baten récords de litigiosidad, los cuales se traducen en las elevadas alícuotas que imponen las ART a las empresas.
La reforma de 2012, que terminó con la “doble vía”, no hizo más que fomentar los litigios por fuera del sistema hacia las ART, que redundó en el aumento de los costos laborales para las pymes, donde muchas veces es difícil sostenerlos. Hasta la llegada de las modificaciones de la ley que se decidieron esta semana, en el país cada 100 pesos de salario, $ 15 iban para la ART, este número es tan elevado que se toma para los pagos que devienen de los Juicios, en tanto que en países con mayor desarrollo, las alícuotas significan apenas entre el 0,5 y el 1,5 por ciento de la masa salarial.
Tal es la irrealidad de este sistema, que pese a reducirse el número de accidentes laborales, dese hace más de una década los juicios se acumulan en cantidad.
En este contexto es que entendemos que las modificaciones debían ser urgentes para evitar que las empresas sigan cayendo frente al poder de la “industria del juicio” y que el nuevo escenario será una oportunidad más para desarrollar el trabajo argentino, impulsar las economías regionales, alentar el valor agregado en origen y aumentar la oferta laboral, que será acompañada de las medidas de Primer Empleo y Blanqueo Laboral.
Entendemos sustancial la creación de comisiones médicas, que permitirán una rápida y precisa evaluación de los accidentes laborales y la actualización y optimización de los beneficios que recibirá un trabajador que sufra problemas de salud en su trabajo.
Este paso será una certeza para los empleadores, pero también será un beneficio para los trabajadores, que podrán tener un diagnóstico de su situación clínica sin que pueda ser tergiversado por los intereses de las ART.
Si el cambio de reglamentaciones genera un sistema más eficiente, la consecuencia natural de ese proceso es la merma de las alícuotas y, por ende, una motivación crucial para el desarrollo del sector que más empleo genera en el país, nacida del consenso de los sectores, que permita resolver esta situación en favor de todas las partes.
Fuente: telam.com.ar
