Dos años después de publicar el artículo en el que situábamos el sector de la limpieza doméstica en el limbo, las cosas no han cambiado. Pese a la ley de 2012, que integraba la actividad en el régimen general de la Seguridad Social, las condiciones del personal de limpieza doméstica siguen siendo demasiado precarias. Más, teniendo en cuenta que, al menos en España, no cuentan con ningún sindicato que pueda defender sus derechos.
Recordemos que para contratar legalmente una persona que nos preste este servicio no hace falta estar constituido como empresa. Aun así, el pago en negro sigue estando muy presente en este mercado. Por lo tanto, seguimos teniendo un gran número de trabajadores sin cobertura de la Seguridad Social y, por lo tanto, sin una ley de PRL que les ampare. Tampoco tendrán pensión, ni paro, ni vacaciones, ni baja por enfermedad. Comparando los datos de trabajadores domésticos dados de alta en la Seguridad Social con el número estimado de personas trabajando en el sector según sindicatos y otras organizaciones, se calcula que 170 mil personas trabajan “en negro” en nuestro país.
UGT exigió el pasado junio la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos. Un convenio que 22 países ya han ratificado. Añadía que este sector está compuesto básicamente por mujeres extranjeras que, en su mayoría, perciben sólo el 45% del salario medio general: “casi la mitad de los empleados en este sector (46,5 %) cobraron 638 euros al mes en 2014”. La inclusión del sector en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales también forma parte de las demandas del sindicato, además de medidas más eficaces de inspección de trabajo y un sistema específico de protección por desempleo. Desgraciadamente, las cotizaciones de los empleados de hogar no cubren su prestación en caso de paro.
¿Y un sindicato?
España es uno de los países con peor legislación para proteger los derechos de las limpiadoras domésticas. La ley de 2012 para poder contratarlas legalmente es considerada un fracaso y las condiciones en las que trabajan son muy precarias, llegando a cobrar menos de 3 euros la hora, por un trabajo que les expone a muchos riesgos: posturas que pueden dejar mella en la salud muscular, constante contacto con productos químicos e incluso maltrato psicológico como comentarios racistas y acoso sexual.
Hay quien pueda pensar que la mejor solución es contratar una ETT para asegurarse de que las trabajadoras estén cubiertas por la seguridad social y que sean las empresas quienes hagan todo el papeleo. Pero de lo que el contratante paga a la ETT puede llegar una parte muy pequeña a la trabajadora, con lo que muchas de ellas prefieren trabajar en negro.
No es de extrañar que distintas asociaciones presionen para que haya un sindicato específico para el sector. Un modelo que ya han adoptado otros países como México, donde el pasado 2015 se creó el país. Esta iniciativa, tras casi 30 años de presión, es considerada una victoria histórica en el ámbito laboral del país. Así como en Bolivia, donde desde hace décadas la actividad de la limpieza doméstica también dispone de sindicatos oficiales que las representan.
Al no tener representación sindical, en España este es un sector muy invisibilizado, tanto a nivel social como legislativo. Son empleadas que trabajan en gran parte en negro (el sistema no se lo pone fácil para hacerlo de otra forma) y que no tienen a quien recurrir si las condiciones de trabajo no son las adecuadas. En la intimidad de la casa contratante es difícil visibilizar las malas condiciones, riesgos a los que se someten o las humillaciones por parte de sus clientes, si ocurren.
Fuente: proteccion-laboral.com
