14 de diciembre de 2017

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El estigma laboral y social del paciente portador de VIH

El impacto del VIH en España es cada vez menor gracias a los tratamientos antirretrovirales existentes en el mercado. Estos no sólo consiguen que la enfermedad no avance, sino que mantienen indetectable la carga viral. Es decir, que con un diagnóstico precoz y siguiendo las pautas farmacológicas es prácticamente imposible que el virus del sida se desarrolle, matando a su portador.

Ese tratamiento también complica la transmisión, y permite envejecer y poder llevar una vida normal desde el punto de vista sanitario. Una vida en la que solo interfieren los controles habituales que los especialistas les recomiendan a sus pacientes.

Sin embargo, en el imaginario de la opinión pública general y, en muchas ocasiones, en las propias normativas, reinan los miedos y precauciones de hace 30 años: sigue siendo difícil separar VIH de sida, y aún más despegar el concepto del portador del virus del de contagio inminente. Algo que, a día de hoy, sigue generando una enorme discriminación social sin sentido entre los que padecen este mal.

Por ejemplo, en el ámbito laboral; un campo que se ha hecho más visible gracias a la campaña #YoTrabajoPositivo Sin discriminación por VIH. Coordinada por la organización Trabajando en Positivo, lleva desde septiembre recorriendo ciudades de España y América Latina con el objetivo de visibilizar que el lugar de trabajo no es una vía de transmisión. A ella y a su trabajo de divulgación se han sumado empresas como Empireo Diagnóstico Molecular, Grupo Eulen y Real Casa de la Moneda, entre otras muchas.

Según datos de la asociación, la tasa de paro entre los portadores del virus supera el 50%. En esta cifra juegan un papel importante las restricciones que desde el punto de vista normativo se les imponen a los pacientes, como que se les excluya en el acceso a empleos públicos derivados de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: Guardia Civil, Ejército, Policía Nacional o el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias contemplan en sus oposiciones una prueba médica para detectar la presencia de VIH y rechazar a todo aquel que dé positivo.

Los argumentos que se ofrecen desde la Administración Pública para mantener esta restricción se basan en que las funciones de las personas que trabajan en estos campos conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio del VIH. “El razonamiento es histórico. Se estableció en la resolución 13/08 de 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando los antirretrovirales no estaban tan desarrollados”, comenta Miguel Ángel Ramiro, coordinador de la Clínica Legal de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida).

Éste también asegura que a nivel internacional esta resolución provocó muchos casos de expulsión de soldados y policías que ya formaban parte del cuerpo. “En España no se ha llegado a ese extremo, normalmente se adapta al afectado a un nuevo puesto, algo que luego ha traído consigo problemas diversos de acoso laboral”, apunta.

Cesida, junto con otras organizaciones relacionadas con el VIH y sindicales, ha mantenido reuniones a lo largo de este año con entidades públicas para actualizar todas las regulaciones que han quedado desfasadas e, incluso, impulsar algunas nuevas. “Es importante subrayar lo que la evidencia científica muestra y además respaldan diferentes organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización Mundial de la Salud (OMS): Las personas con el VIH pueden realizar cualquier ocupación u oficio sin riesgo de infectar a terceras personas”, asegura Julio Gómez, coordinador de Trabajando en Positivo.

Una opinión que comparte, Joaquín Nieto, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España, que también ha participado en la campaña #YoTrabajoPositivo. Según el cual en España “aún falta mucho por hacer” en materia de discriminación. “Todos los agentes debemos implicarnos para que no se vulneren los derechos en el ámbito laboral”.

El paciente envejece

Como ya se ha dicho, en España los nuevos tratamientos antirretrovirales han conseguido transformar al paciente de VIH en un crónico con una larga esperanza de vida. De hecho, la edad media de aquellos que portan el virus está rozando los 50 años. Tanto es así que los nuevos retos a los que ahora se enfrenta están asociados a su progresivo envejecimiento y a las comorbilidades que van a acompañar a su dolencia.

“Un problema que ya se está manifestando es el de que no se acepta a los portadores en las residencias de ancianos, porque uno de los requisitos para entrar en alguna de ellas es el de no tener una enfermedad infecto-contagiosa, como se sigue considerando al VIH. Necesitamos que se la empiece a considerar infecto-transmisible para evitar discriminaciones de este tipo”, explica el portavoz de Cesida.

De hecho, a lo largo del último año se han recogido varias propuestas en parlamentos regionales (como la del vasco hace unos días) que piden que se institucionalice ese cambio. La diferencia entre uno y otro término es clara: la infecto-contagiosa es aquella que puede transmitirse en una relación cercana habitual, como ocurre con la tuberculosis, mientras que la infecto-transmisible sólo implica la existencia de la dolencia, sin peligro de contagio fortuito.

“Incluso en el ámbito sanitario, donde hay más información, existe discriminación. En este campo es relativamente fácil que te denieguen servicios como consumidor, hasta en procedimientos en los que no hay posibilidades de sangrado. Por ejemplo en el campo de la estética, como en los injertos de pelo, o en salud dental. Normalmente hay que informar de los medicamentos que se toman, y en cuanto se detectan los antirretrovirales saltan las alarmas”, advierte Miguel Ángel Ramiro, que recuerda que denegar un servicio de salud es un delito recogido en los artículos 511 y 512 del código penal.

Éste también hace referencia a la contratación de determinados seguros, como el de vida: “Si la compañía sabe de la existencia del VIH o no aceptan la contratación o suben la prima un 50% por encima de los precios habituales”.

El ejemplo de Daniel

Uno de los grandes ejemplos de discriminación que se han puesto sobre la mesa y que han impulsado las campañas para mejorar esta situación es el de Daniel Jiménez, un camarero de un bar de Madrid que fue despedido en 2015 vía WhatsApp pocas horas después de comentarle a su jefa que era portador del VIH.

Jiménez puso su situación en manos de la justicia, demostrando que ese despido era discriminatorio, principalmente porque no podía transmitir el virus a través de la manipulación de alimentos. Un año después conseguía que la empresa reconociese la improcedencia del despido.

Pero no sólo eso: también impulsó campañas y movimientos que sirvieran para concienciar y evitar procesos como el que le tocó vivir a él. De hecho, empezó a trabajar en la ONG Imagina Más, enfocada a sensibilizar sobre VIH y salud sexual. “Casos como el suyo deben demandarse, porque violan los derechos fundamentales. El despido es nulo y te da derecho a una indemnización”, apunta el portavoz de Cesida.

En su opinión, existe un autoestigma que se impone entre los portadores y que deja que la discriminación no sea visible. “A los que se expulsa de una oposición pueden impugnar las bases y la exclusión personal, pero hacerlo cuesta recursos: tiempo, dinero, a veces hay que revelar el estado serológico… Y la mayoría terminan cediendo porque no ven una compensación”, concluye.

Fuente: compromisoempresarial.com

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