Siguen las repercusiones por las declaraciones del presidente Mauricio Macri en torno a una supuesta “industria del juicio” en el fuero laboral, culpando a este factor por el cierre de una gran cantidad de pymes. En este marco, el mandatario manifestó su decisión de “combatir la mafia de los juicios laborales, que tanto daño les hacen a las pequeñas empresas y a sus trabajadores”.
A la par que abogados laboralistas repudiaron sus dichos a nivel nacional, profesionales del Derecho de Paraná desestimaron la posibilidad de que se pueda iniciar una demanda sin causas reales. “Los abogados atendemos casos cuando el trabajador está en un conflicto con su empleador y hay una situación irregular que deja de tolerarse y hay un reclamo por eso; por supuesto que vienen al abogado cuando la respuesta que reciben no es la adecuada y la forma democrática republicana para solucionar ese conflicto es la vía judicial, si no fuese así tendríamos la vía de la violencia. Por eso no se entienden las palabras del presidente Macri”, señaló a UNO Gerardo Ormaechea, referente del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados en Entre Ríos (CAER).
Asimismo, el letrado opinó: “Hay un concepto totalmente erróneo que se invoca cuando hay intenciones de modificar la legislación actual en perjuicio del trabajador y de sus intereses y derechos. Pero es un discurso que desde la Constitución, el Derecho y de la lógica es falso. Si hay algún delito o maniobra fraudulenta lo debe denunciar en concreto, se tiene que investigar y condenar, pero no se puede hablar en general de judicializar conflictos y que sean conductas mafiosas”.
Sobre este punto, aclaró: “Un juicio tiene la posición del accionante, la de la demandada que contesta, la prueba que se produce, una decisión judicial y además si en algo se cometen errores están las responsabilidades de los profesionales y la responsabilidad penal si se falla en contra del Derecho. Y está el jurado de enjuiciamiento contra el juez si resuelve que incumple con los deberes de funcionario”. Acto seguido, enfatizó: “Si nada de eso sucede es porque está funcionando bien el sistema”.
Por su parte Miguel Bulos, abogado especialista en Derecho Laboral, sostuvo: “Efectivamente hay una gran litigiosidad, pero ese no es el problema. El problema son las causas que provocan la litigiosidad, que están originadas por los empleadores que no cumplen: si hay una demanda es porque hay un derecho que un empleador no está cumpliendo, y entonces el trabajador no tiene más remedio para probar lo suyo que recurrir a un litigio”.
Motivos de demandas
Bulos comentó que las demandas generalmente se producen después de que ocurre un despido: “Mientras está vigente la relación laboral es muy difícil que el trabajador se anime a hacer una demanda contra su empleador, porque se enfrenta más que seguro a la pérdida de su trabajo”.
Sobre los principales motivos por los que un trabajador recurre a un abogado para iniciar un reclamo judicial, indicó: “La causa principal de demandas son los despidos injustificados o despidos incausados. También hay muchas demandas en los casos en que se producen accidentes de trabajo y ni el empleador ni la aseguradora de riesgos de trabajo han previsto medidas de protección para ese trabajador damnificado, para tratar de evitar que se produzca el accidente”.
En tanto, Ormaechea señaló: “En lo laboral tenemos sobre todo casos de pagos de salarios inferiores por mala registración o despidos que se disfrazan de justificados para evitar los pagos indemnizatorios. Otro aspecto que se da es el de los accidentes o enfermedades laborales. Después hay muchos otros temas más, como el sindical, la discriminación, la violencia laboral y temas relacionados a eso”.
A su vez, expresó: “Si todos los empleadores operaran y actuaran en respeto de lo que es la ley y el deber ser de una conducta determinada, no habría problema. Hay casos en el que el problema se genera cuando un empleado sufre un accidente estando en negro y entonces no es reconocido como trabajador; se da también cuando la persona desconoce las consecuencias de un accidente que sufrió en su ámbito laboral, pero sufre afecciones motivadas por ese accidente; y está el tema de los daños en la salud: generalmente no se reconocen las enfermedades profesionales y entonces tenemos que lidiar para que después el juez lo haga”, sostuvo Ormaechea.
Ausencia de estadísticas
Acerca la cantidad de juicios laborales que hay en la provincia, ambos profesionales admitieron que se trata de registros a los que es difícil acceder, ya que por lo general no se llevan estadísticas. En este sentido, Bulos aclaró que en las secretarías de los Juzgados son reacias a brindar información al respecto. Sobre los porcentajes de juicios que gana el empleado, en base a su experiencia personal comentó que al menos hasta hace varios años “había un 90% de juicios que tenían sentencia favorable al reclamo del trabajador”.
Por otra parte, aclaró: “No es cierto que los abogados inciten a los trabajadores a presentar demandas, como ha dicho también el Presidente, y esto es evidente si pensamos que una demanda mal fundada o fundada en una causa inexistente va a ser rechazada por los jueces y el trabajador va a ser condenado en costas, de manera que su abogado no va a cobrar nada y el empleado va a tener que hacer lo que pueda para pagar al abogado del empleador. Es una afirmación totalmente irresponsable culpar a los abogados por la iniciación de los pleitos”.
En tanto, Ormaechea manifestó: “Todo el que inicie un juicio lo hace porque tiene una razón, porque entiende que le han afectado un derecho; nadie se lanza a hacer una demanda sin la expectativa de tener razón”.
“En cuanto al derecho laboral, el referente de tutela es el trabajador, la persona humana. Por lo tanto tiene un fuero protectorio y es de esperar que la sentencia sea a su favor, aunque no siempre es así y a veces tiene razón la parte demandada”, dijo a modo de conclusión.
Hacia un modelo de trabajador sin alternativas
La incertidumbre de muchos trabajadores prolifera en un contexto donde unas 290.000 personas perdieron su empleo en el primer trimestre de este año, según mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y donde la tasa de desocupación trepó a un 9,2% en este período. “La política que ha llevado el actual Gobierno va dirigida a la pérdida de derechos de los trabajadores. Y en este marco, el trabajador que se enfrenta a la pérdida de derechos va a aceptar un salario inferior al que le corresponde, o trabajar sin estar registrado, o quedarse más horas de las que corresponden, sino se enfrenta a la posibilidad de perder su empleo, y la falta de trabajo significa ausencia de sueldo y por ende de sustento”, analizó el abogado Miguel Bulos, y agregó: “Este tipo de acciones que llevan a la destrucción de los derechos de los trabajadores no se da por casualidad ni porque las leyes de la economía lo determinen, sino porque es totalmente intencional la forma en que se va llevando adelante la política laboral gubernativa: es para que los empleadores se vean libres a hacer frente a los derechos del trabajador”.
Sobre este punto, reflexionó: “Los empresarios en general no quieren ser empleadores, entonces disimulan las relaciones laborales bajo formas de fraude laboral: hacen parecer que se tratan de cooperativas de trabajo cuando en realidad hay relación de dependencia, es decir hay empleo; hacen aparecer a los trabajadores como autónomos y los obligan a inscribirse como tales y pagar los impuestos correspondientes y así tratar de preconstituir pruebas en contra de la relación de trabajo”.
“Por supuesto que hay excepciones, pero en general los empresarios tratan de evitar el ser calificados como empleadores. Y los trabajadores aceptan cualquier cosa en estos momentos porque saben que no tienen amparo, porque hay directrices, hay líneas de acción para beneficiar a los empleadores”, subrayó el especialista.
Fuente: unoentrerios.com.ar
